DOCUMENTOS DE CONSULTA

MUJER ARGENTINA Y DERECHOS POLÍTICOS

La conquista por los derechos de las mujeres tiene una extensa historia, y fue producto de arduas luchas que reclamaron la igualdad de derechos civiles y políticos, en medio de una sociedad acostumbrada al relegado rol de las mujeres argentinas.

Los derechos de la mujer en la etapa de la colonia

En 1536, Pedro de Mendoza fundó el establecimiento “Santa María del Buen Ayre”, en el territorio que en nuestros días conforma la capital de Argentina. Luego existieron diversas expediciones por distintas partes de nuestro territorio, que permitieron que, con el pasar del tiempo, se creara el Virreinato del Río de la Plata, en 1976 (el cual incluía en su territorio lo que hoy forma parte de Paraguay, Argentina, Uruguay y una parte de Bolivia; con Buenos Aires como su Capital). Es entonces a partir de 1810, cuando se crearon las Provincias Unidas del Río de la Plata, que nuestro país empezó a conformar las características que hoy tiene como Estado liberal, las cuales se concretaron definitivamente con nuestra independencia de España en 1816.

Hasta esas fechas, en los tiempos de la colonia, nuestro territorio dependía de las leyes provenientes de la monarquía española. La legislación vigente de la época tenía características específicas en cuanto a las mujeres, entre ellas encontramos (Migliorini, 1972):

  • Patria potestad en manos del padre de familia, quien tenía autoridad sobre sus hijos y decidía sobre el matrimonio de los mismos;
  • Exclusión de la mujer de los ámbitos educativos, al no ser considerada como sujeto de enseñanza;
  • Prohibición de la mujer para el ejercicio de profesiones privadas y públicas;
  • Incapacidad de la mujer casada para ejercer actos de la vida civil;
  • Derechos restringidos de la esposa para heredar bienes de su cónyuge;
  • Pena de muerte para la mujer adúltera.

Período de organización nacional y sanción del Código Civil

Tras la independencia de nuestro país, se toma contacto con nuevas ideas y doctrinas políticas y sociales, impulsadas con la independencia de EEUU en 1976 y con la Revolución Francesa en 1789. Sin embargo, la situación de la mujer como sujeto de derecho no tuvo grandes cambios. Sólo algunos pocos personajes europeos adelantados planteaban cuestiones como la igualdad entre los sexos y se mostraban a favor del voto femenino. En nuestro territorio, algunos personajes inspiraban ideas en favor de los derechos de las mujeres, entre ellos Manuel Belgrano, quien proponía la creación de escuelas para niñas y una organización industrial que permitiera a las mujeres acceder a trabajos más dignos. Sarmiento cumplió también con una gran obra cultural, y Juan Bautista Alberdi, aportó a la lucha femenina desde su prédica en torno de la igualdad frente a la ley (Migliorini, 1972).

Durante el período de organización nacional, impulsado en 1852, el impulso institucional se puso de manifiesto en la codificación que reemplazaría, finalmente, la normativa colonial. Dalmacio Vélez Sarsfield fue el encargado de llevar adelante el estudio y conformación del primer Código Civil, el cual salió a la luz en 1869, durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, el cual determinaba la incapacidad relativa de la mujer casada, colocándola bajo la tutela del marido. Este código colocaba a la mujer casada en una posición de inferioridad aún más grave que si se tratara de la condición infantil. Se basó en la tradición del derecho romano y en la adecuación realizada en Francia a propósito del denominado Código Napoleónico de 1804. Disposiciones del código francés fueron adoptadas por la mayoría de los países latinoamericanos (Barrancos, 2007).

Nuestro Código Civil, sostenía:

  • la incapacidad relativa de la mujer (art. 55);
  • que el representante en todos los efectos era el marido (art. 57);
  • La mujer casada no tenía derecho a educarse ni a realizar actividades comerciales sin su consentimiento;
  • El marido se constituía en el administrador de todos los bienes, incluidos los que la esposa aportara al vínculo;
  • La mujer casada no podía dar testimonio ni iniciar un juicio sin el debido consentimiento del cónyuge.

Hay un solo aspecto destacable del Código en cuanto a los derechos de las mujeres: el código preservó el derecho de la cónyuge a usufructuar la mitad de los bienes obtenidos durante el matrimonio (Barrancos, 2007). En cuanto al entonces presidente F. Sarmiento, hay que recalcar, en cuanto avances en términos de derechos para las mujeres, que él bregó por el derecho de las mismas a la educación.

En cuanto al derecho punitivo, surgido en el mismo período, si la mujer adúltera era sorprendida in fraganti por el cónyuge y éste la mataba, tal circunstancia obraba como atenuante; pero, por el contrario, para la mujer que mataba al marido en caso de que éste cometiera adulterio, esto resultaba un agravante, debido justamente al vínculo (Barrancos, 2007).

Asimismo, distintas leyes reforzaban la inferioridad jurídica de la mujer (Migliorini, 1972):

  • el marido era quien fijaba el domicilio conyugal;
  • la mujer no podía librarse de la obligación de seguir al marido, salvo en el caso de que resultare peligro para su vida, lo que debería probar en sede judicial (art. 53 la ley de matrimonio);
  • El ejercicio de la patria potestad correspondía en primer término al padre y, en caso de muerte o pérdida de aquella, a la madre.

Con el paso de los años, tras el creciente trabajo de las mujeres fuera del hogar, se inició una nueva etapa; el Código Civil iba quedando desactualizado y fueron surgiendo distintos proyectos de ley que trataban sobre los derechos civiles de la mujer.

El sufragio femenino: Gran ampliación de las bases democráticas

En 1912, en nuestro país, luego de diversos levantamientos civiles y represión por parte de los gobiernos oligárquicos de la época, se sancionó la denominada “Ley Sáenz Peña”, la cual estableció el voto secreto, obligatorio y “universal”. Sin duda esta conquista fue una pieza fundamental para establecer las bases de nuestro sistema democrático. Sin embargo, la lucha por la ampliación de los derechos y deberes civiles y políticos continuaría fuertemente.

Volviendo a lo anterior, que el voto fuera “UNIVERSAL” significaba que podían votar todos los VARONES mayores de edad, nacidos en Argentina. Es decir, que un gran colectivo social continuaba quedando excluido de los derechos cívicos, no pudiendo acceder al voto: el colectivo de todas las mujeres de este país.

Ya en 1911, el diputado Alfredo Palacios había presentado el primer proyecto de ley de voto femenino en el Congreso de la Nación, un año antes de la sanción de la Ley Sáenz Peña. Este proyecto de ley fue tan negado, que no llegó siquiera a ser tratado sobre tablas. El colectivo femenino continuaba siendo postergado dentro de las estructuras políticas y sociales argentinas.

En aquella época, distintos países habían legitimado jurídicamente el voto de las mujeres, sentando precedente e impulsando la lucha por la igualdad femenina en nuestro país. Entre ellos se encuentran: Nueva Zelanda (1893), Australia (1902), Finlandia (1906) Noruega (1913), Gran Bretaña (1918), Italia (1919), Estados Unidos de América (1920).

Recién en 1926, tras la sanción de la Ley 11.357 sobre la “Capacidad Civil de la Mujer”, las mujeres argentinas alcanzaron la igualdad legal con los varones, aunque esa igualdad continuaba estando muy lejos de ser respetada en los hechos, y era tan relativa que no incluía la patria potestad compartida ni el derecho al voto.

En 1928, Aldo Cantoni, gobernador de San Juan, logró que en abril de ese año las mujeres de su provincia fueran primeras en votar en todo el país.

La extensión de los derechos políticos fue un reclamo de las sufragistas desde finales del siglo XIX y, hacia el siglo XX diversas organizaciones de mujeres reclamaban el acceso al sufragio (Barrancos, 2002). Desde aquel proyecto de 1911 se presentaron otras 22 iniciativas legislativas, en las cuales tuvo participación, entre otras y otros, Alicia Moreau de Justo. Finalmente, en septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010, la cual establecía en su artículo N°1 que: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”. Las mujeres votaron por primera vez en 1952 en las elecciones nacionales. Esta victoria del colectivo de mujeres sin duda fue parte de un proceso social que había comenzado varios años antes, buscando preparar a una sociedad que tenía concepciones machistas muy arraigadas, y las cuales debían ser transformadas. La mujer argentina se había incorporado masivamente al mercado laboral, de ahí que la política de contención de este movimiento no podía seguir excluyendo a millones de mujeres de los derechos civiles que les correspondían como seres humanos.

La lucha continúa

La lucha del colectivo femenino por lograr el reconocimiento de sus derechos cívicos, por los que mujeres en distintas partes del mundo se movilizaron durante años, trajo aparejada la cárcel y la represión para muchas de ellas. Asimismo, una vez que el sufragio femenino fue legitimado por el Estado, las desigualdades de género seguían vigentes en nuestra sociedad.

Incluso en 1983, luego del Golpe Militar de 1976 y tras la vuelta a la democracia de la mano del presidente Raúl Alfonsín, existían claras desigualdades de género impresas en la legislación Argentina. En aquellos años, la diputada nacional Florentina Gómez Miranda (1983-1991) presentó más de 150 proyectos legislativos, entre los que se destacan la de «autoridad compartida de los padres», «divorcio vincular», «pensión a la cónyuge divorciada», «igualdad de los hijos extramatrimoniales», «pensión al viudo», «derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de casada» y «pensión de la concubina y concubino». Algunos de estos proyectos fueron aprobados con amplio consenso, mientras que otros, como la Ley de Divorcio Vincular, enfrentaron grandes resistencias.

Hoy en día, después de 70 años de voto femenino, las mujeres todavía tenemos muchos derechos por los cuales debemos seguir luchando. La Argentina fue el primer país del mundo en sancionar, en 1991, una “Ley de Cupo femenino”, la cual establece un piso mínimo de 30% de candidatas en las listas de los partidos políticos para cargos electivos nacionales. Esta norma impuso un criterio de equidad en la selección de candidatos y candidatas, afirmando el derecho de las mujeres a ser parte de la toma de decisiones públicas y a ejercer más plenamente su condición de ciudadanas. Antes de la vigencia de esta reforma, impulsada por la entonces senadora Margarita Malharro de Torres, las mujeres representaban sólo el 5,4 % de la Cámara de Diputados y el 8 % del Senado. Esta ley permitió que en la actualidad, las mujeres se encuentren más representadas en las cámaras del Congreso, pero, aunque se ha avanzado mucho, diversos especialistas demuestran que todavía queda un gran camino por recorrer hacia la paridad en la representación política.

En Argentina, a pesar de la existencia de la ley de cupo, la evolución del número de legisladoras muestra un rezago en comparación a otros países que han implementado leyes de paridad (cupo de representación del 50% para las mujeres), como los Estados de Bolivia y México. Asimismo, los partidos políticos continúan prefiriendo hombres para encabezar sus listas electorales. Es por esto que los nuevos desafíos deben buscar acabar con las barreras y desigualdades que continúan afectando la participación política de la mujer, a través de nuevos mecanismos y políticas públicas, como la implementación de instrumentos para la paridad en los tres poderes del Estado argentino.

Bibliografía

– Pigna, Felipe (s.f.). El Voto Femenino. El Historiador. Recuperado de: http://www.el-historiador.com.ar/articulos/ascenso_y_auge_del_peronismo/el_voto_femenino.php

– Ministerio de Educación de la Nación (s.f.). Voto a los 16 años. Argentina.

– Migliorini, Inés Candelaria (1972). Los Derechos Civiles de la Mujer en la República Argentina. Buenos Aires, Argentina.

– Barrancos, Dora (2007). Mujeres en la sociedad Argentina: Una historia de cinco siglos. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

– Barrancos, Dora (2002). Inclusión/Exclusión: Historia con Mujeres. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

– Caminotti, Mariana (s.f.). De las Luchas por el Sufragio Femenino a la Demanda de Paridad de Género en la Argentina (1900/2016). Universidad Nacional de San Martín, Argentina.